Corte Suprema de Brasil ordena investigar presidente Bolsonaro por corrupción


La situación sanitaria, con contornos dramáticos en Manaos y Fortaleza, ciudades del norte y nordeste del país con hospitales y cementerios colapsados, no logró aún poner en segundo plano la tormenta política desatada tras la reciente renuncia del ministro de Justicia y Seguridad Pública, el popular ex juez Sergio Moro, quien dejó el gobierno denunciando al presidente, Jair Bolsonaro, por buscar controlar investigaciones que pueden afectar a parientes y políticos cercanos.

Al frente de los intentos por reorganizar su golpeado gobierno, debilitado por las denuncias del ex magistrado considerado por muchos como un héroe por su lucha contra la corrupción, Bolsonaro tuvo tiempo para relajarse con la práctica de tiro, un deporte que promueve.

Menos tenso que en los días previos, el presidente concurrió a un club de tiro en Brasilia y celebró su desempeño.

“De 10 tiros, el peor punto fue ocho. ¿Está bien, no? Después de 30 años inactivo”, dijo Bolsonaro, tal vez animado por una encuesta del mayor instituto de investigación de opinión pública del país, Datafolha, que mostró que pese al golpe que sufrió su gobierno, el presidente muestra resiliencia y un fuerte apoyo popular.

El presidente oficializó a André Mendonça como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública y a Alexandre Ramagem como jefe de la Policía Federal, y comenzará en breve a preparar el testimonio que deberá brindar al Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco de la investigación que el alto tribunal aceptó abrir tras las denuncias de Moro.

La apertura de la investigación fue ordenada por el juez decano del STF, Celso de Mello, quien aceptó un pedido del Fiscal General, Augusto Aras, en el que se apuntaron posibles delitos de falsedad ideológica, obstrucción de justicia, corrupción pasiva, calumnia y delitos contra el honor derivados de las denuncias de Moro.

El Supremo deberá verificar si imputa algún delito a Bolsonaro, para, en ese caso, permitir que el Fiscal General lo denuncie, como ocurrió durante el gobierno de Michel Temer. En ese escenario eventual, el miembro informante del caso en el STF pediría una manifestación a la Cámara de Diputados para autorizar y continuar con el proceso.

Temer, en el 2017, fue denunciado por el entonces Fiscal General, Rodrigo Janot, quien acusó al mandatario por asociación ilícita y obstrucción a la Justicia por supuestamente participar en una presunta trama de recaudación de sobornos.

La Cámara de Diputados rechazó la denuncia, pero el proceso paralizó intentos de reformas del sucesor de Dilma Rousseff en la Presidencia de Brasil y lo convirtió prácticamente en un rehén del Congreso y de parlamentarios hambrientos por cargos en el Estado para sus grupos políticos.

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